10.01.2019 < BACK TO PRESS RELEASES

Movimiento por una Vivienda Digna exige a FEMA, HUD y al Departamento de Vivienda de Puerto Rico el derecho a una vivienda segura y digna

20 organizaciones importantes denuncian irregularidades de estas agencias

BARRIADA VIETNAM, GUAYNABO/CATAÑO, PR. Martes, 1ro. octubre de 2019 – Tras dos años de intenso cabildeo, búsqueda de soluciones a preguntas sin respuestas y la espera por una ayuda que aún no llegado, la coalición Movimiento por una Vivienda Digna decidió unir sus voces para reclamarle directamente a FEMA, HUD y al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el derecho a vivir en un país donde las personas disfruten de una vivienda segura, digna y asequible. La coalición, compuesta por 20 organizaciones sin fines de lucro, estrecharon sus brazos para exigir a estas agencias una recuperación justa y democratizada, además la oportunidad real de participar en la toma de decisiones gubernamentales sobre el desarrollo de nuestra colectividad.

Desde septiembre 2017, el país inició un proceso de recuperación en el que las agencias federales y locales, principalmente FEMA, el Departamento de la Vivienda local y federal, no han atendido efectiva ni equitativamente las necesidades de vivienda que aún existen en las comunidades más afectadas por el desastre. Peor aún, la mayoría de estas comunidades son históricamente marginadas. Aunque alegan tener la intención de atenderlas, los planes de las agencias demuestran el verdadero impacto de desplazarlas forzosamente.

Charlotte Gossett Navarro, Directora Senior de Hispanic Federation en Puerto Rico, enfatizó que “a dos años del Huracán María no se nos ha hecho justicia en Puerto Rico. Mientras que la administración federal se niega a desembolsar nuestros fondos federales de recuperación e imponen barreras injustas al país, el gobierno local impone políticas públicas y un plan de acción que amenazan el derecho a la vivienda digna y fomentan una agenda de desplazamiento forzoso en la isla. Dichas políticas públicas no nacieron con los huracanes ni se limitan a la recuperación. Sin embargo, los fondos de recuperación son una oportunidad clave para encaminar un desarrollo sostenible del país que sea por y para la gente. Por esto, hoy nos unimos al Movimiento de Vivienda Digna para entre otras cosas amplificar los reclamos del derecho a la participación ciudadana y una recuperación justa, exigir la transparencia y acceso a información para rendición de cuentas de los procesos de recuperación, y para denunciar los desplazamientos forzosos y discriminatorios. El gobierno debe trabajar mano a mano con las comunidades y organizaciones sin fines de lucro, que por años han luchado por crear un mejor país para todos nosotros. Sólo con la unión de voluntades de todos los sectores lograremos generar el cambio social que queremos como país”.

Primero, Movimiento por una Vivienda Digna exige a FEMA, HUD y al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a adoptar una política pública holística que reconozca y proteja el derecho fundamental a la vivienda digna, segura y asequible de las comunidades en Puerto Rico. En segundo lugar, evitar el desplazamiento forzoso de comunidades vulnerables y respetar las realidades de cómo las comunidades se decidieron asentar y desarrollar, hasta, en algunos casos, con la anuencia del propio gobierno; y tercero, establecer mecanismos democráticos de participación ciudadana, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones gubernamentales para que el pueblo tenga las herramientas necesarias para ser parte de y fiscalizar dichas decisiones.

Las amenazas al derecho a vivir en comunidad no nacieron con los huracanes Irma y María. Durante décadas hemos visto políticas públicas que benefician a inversionistas privados a costa del desplazamiento de comunidades, en su mayoría, de escasos recursos. No reconocen ni protegen el derecho a vivir en comunidad. Entre otras cosas, esto se evidencia a través del aumento en ejecuciones de hipoteca, gentrificación, la ley de zonas de oportunidad, los nuevos mapas de calificación propuestos por la Junta de Planificación de P.R., la proliferación del abandono de propiedades, y el aumento en barreras de adquisición y renta de unidades de vivienda en el país.

Ejemplo de resistencia es William Rivera, líder comunitario de la Barriada seleccionada como sede de esta actividad y quien es miembro de la Coalición expresó “nuestra comunidad de Vietnam está en pie de lucha. Agradecemos a todas las organizaciones por el apoyo que nos brindan”. Por otra parte, Carlos Vázquez, vicepresidente de la organización P.E.C.E.S., añadió “reconociendo los retos del cambio climático, las políticas de mitigación y reconstrucción allí donde es científicamente viable no pueden ser discriminatorias contra los pobres – que terminan siendo removidos de sus comunidades históricas por factores ajenos a la geografía y la comunidad”.“Por años las comunidades del G-8 le hemos exigido al gobierno la construcción de un sistema de alcantarillado eficiente del cual carecen y el dragado del Caño Martín Peña, de esta forma nuestras comunidades ya no se inundarían y podemos permanecer con seguridad en nuestras tierras, esto se llama justicia social. Por otro lado, cuestionamos el plan de acción, pues si FEMA aprobó que se construya en zonas inundables y en Estados Unidos lo han hecho, ¿por qué en Puerto Rico NO, sobre todo las comunidades marginadas y ahora discriminadas? dijo Lucy Cruz Rivera, presidenta del G8.

Movimiento por una Vivienda Digna propone una recuperación justa y democratizada que, entre otras cosas, asegure una distribución de fondos públicos que satisfaga las necesidades de las poblaciones más afectadas y vulnerables ante los desastres pasados y futuros. Incluye la protección del derecho de las comunidades vulnerables a un trato equitativo, escoger su vivienda, escoger quedarse en su comunidad y tener una opinión sobre el proceso de recuperación. Mitigación y resiliencia antes que desplazamiento para evitar la desintegración de nuestras comunidades. Además de priorizar la selección de organizaciones e instituciones locales en la obtención de fondos de recuperación. Y por último, quieren derrumbar las barreras burocráticas y de fiscalización federal innecesarias y opresivas que no reconocen la capacidad de Puerto Rico de ejecutar y auto determinar su desarrollo.

La Coalición exhorta a la ciudadanía a mantenerse informado sobre la campaña y a firmar la petición en solidaridad con estos reclamos texteando “Vivienda Digna” a 21333.

“Ante la crisis fiscal, económica y ambiental que abunda sobre nuestra isla, es imprescindible crear plataformas abiertas para que nuestra ciudadanía logre soñar e imaginar el país donde deseamos vivir. En el contexto de la vivienda, soñar y defender el derecho de un vecino o una vecina de permanecer es transformar el concepto de la propiedad privada en un asunto colectivo. Es precisamente en esos esfuerzos que hallaremos los sistemas y las políticas necesarias para proyectar la vivienda digna que tanto nos merecemos” puntualizó Sofía Unánue, Co-directora de La Maraña.

Nilton Núñez, coordinador del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, señaló que “la inusitada desconfianza en los grupos de base comunitaria por parte del sector político y federal está basada en sus subyacentes principios operacionales”.

La Lcda. Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto MATRIA, concluyó que "si no garantizamos el derecho al techo- que a fin de cuentas de eso se trata ésto- no podemos hablar de recuperación ni de la posibilidad de que nuestro país supere la pobreza. El techo, la vivienda digna y segura, es lo que permite a las familias que viven en situaciones de violencia o de pobreza encontrar un espacio para apoderarse de sus vidas y planificar a largo plazo. Las mujeres, las personas con diversidad funcional, las personas de las comunidades LGBTTIQ+, las personas viejas y personas que han sido víctimas del discrimen necesitan la estabilidad y las relaciones de solidaridad que se construyen en sus espacios comunitarios. Máxime, cuando vivimos en un país donde las medidas de austeridad aplicadas desde el gobierno han ido restando servicios y beneficios a estas poblaciones. Cada día vemos como les cierran escuelas, les restan derechos económicos, se les estigmatiza por carecer de empleo y se les violenta cuando reclaman derechos. Nuestras organizaciones, como intercesoras y compañeras de estas poblaciones en su búsqueda de justicia, estamos obligadas a denunciar los riesgos de las acciones propuestas por el gobierno y el gran peligro que enfrentamos de que se profundicen las desigualdades y la pobreza".

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Sobre Hispanic Federation La misión de la Federación Hispana es empoderar y promover a la comunidad hispana. La Federación trabaja en estrecha colaboración con las agencias latinas de servicios humanos y de la salud para promover el bienestar social, político y económico de la comunidad latina. Las siete áreas de acción estratégica de la Federación incluyen educación, salud, empoderamiento económico, inmigración, participación ciudadana, medio ambiente y asistencia para el desarrollo organizacional. Hispanic Federation trabaja en más de 20 estados y tiene oficinas en PR, CT, DC, FL, RI y su sede es en NY.

Inmediatamente después del Huracán María, HF estableció operaciones en Puerto Rico y han comprometido sobre $30 millones a la recuperación a través de más de 110 iniciativas y grupos locales. HF es uno de los mayores donantes institucionales a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Para obtener más información, visite www.hispanicfederationunidos.org.